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Félix Bautista avanza erguido y sonriente, sumando victorias y acumulando poder, mientras se deshacen las denuncias que buscan hacerlo responder en la Justicia por supuestos desvíos de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.
El escrutinio estatal a este ex funcionario y actual senador oficialista no figura en la agenda del nuevo gobierno del presidente Danilo Medina, quien ha hecho compromiso de prevenir, perseguir y castigar la corrupción, a partir, incluso, del rumor público.
No está en los planes de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), cuyo titular, Hotoniel Bonilla, dictaminó archivar dos expedientes de querella contra el representante de la provincia San Juan. A 20 días del cambio de gobierno, el Ejecutivo no había ratificado ni destituido al procurador adjunto Bonilla.
Marino Vinicio Castillo, el ratificado titular de la Dirección Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, ahora Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, sostiene que esa parte del Gobierno no puede involucrarse en la investigación, puesto que ese tema ya está judicializado y no es procedente intervenir en casos de los que ya se ha ocupado el Ministerio Público. “Eso no está mandado a hacerse”, sostiene.
A Bautista, de 47 años de edad, se le atribuye excederse con RD$29 mil millones en las contrataciones de obras con respecto al presupuesto asignado en 2008 a la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), romper con casi todos los parámetros de transparencia y control gubernamental, sobrevaluar la remodelación del Palacio de Bellas Artes y varias construcciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y favorecer con contratos grado a grado a empresas de su propiedad o de sus socios.
Son escasas las brechas abiertas para pedirle cuentas a Bautista. Pese a las decenas de denuncias, querellas, acusaciones, rumores y sospechas que llueven sobre el ingeniero y economista, por sus ejecutorias frente a la OISOE entre 2004 y 2010 y por el –para muchos– inexplicado enriquecimiento personal, ninguna institución encuentra hasta ahora suficientes indicios para su procesamiento.
En la mitad del tercer mandato del ex presidente Leonel Fernández, el ex director de la OISOE emprendió una ofensiva de obras públicas en su natal San Juan de la Maguana, que respaldaba en términos propagandísticos sus aprestos por convertirse en senador de esa provincia, una curul que le da inmunidad parlamentaria y jurisdicción privilegiada hasta 2016.
En medio de esa batalla política, en la primera mitad de 2010, la OISOE ejecutó un presupuesto de RD$10,597 millones en infraestructuras, más de lo ejecutado en todo 2009 (RD$8,063 millones) y un poco menos del monto total de 2008 (RD$12,187 millones), según registro de la Dirección General de Presupuesto.
Brechas abiertas. Dos días antes de que Fernández le traspasara el mando a su compañero de partido, el presidente Medina, el procurador Bonilla emitió un dictamen que archivaba de forma definitiva una denuncia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que recoge casi todas las acusaciones de supuesta corrupción que se han debatido en los medios contra Bautista.
El mismo auto engaveta de manera provisional una denuncia de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), que demandaba el sometimiento a la justicia del político, con base en el informe preliminar de una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas a un año de gestión en la OISOE.
Sobre la primera, concluyó que era un conjunto de “denuncias de campaña” y de la segunda, sostuvo que faltaban pruebas.
En ese rosario de cuentas por investigar faltó la construcción de la cárcel de Higüey, por un costo 300% mayor que el de una de características similares en Moca, tal como publicó La Lupa Sin Trabas en el número anterior.
Adocco acudió a la Suprema después de que Hotoniel Bonilla favoreciera a Félix Bautista. (Foto: Roberto Guzmán)
Quedan así dos alternativas abiertas que podrían llevar al influyente senador ante los tribunales: la auditoría que prepara la Cámara de Cuentas desde 2009 y dos instancias de oposición llevadas ante la Suprema Corte de Justicia en contra del archivo de la investigación. Los recurrentes son la Adocco y el Movimiento Cívico Ciudadanos contra la Corrupción (C3).
Si la Suprema acogiera estos recursos, designaría a un juez de instrucción para que evalúe la pertinencia de la acción de la DPCA. Pero en la Adocco entienden que Bautista tiene suficiente influencia en esta instancia, pues allí “también hay jueces que fueron favorecidos gracias al empuje del flamante senador”, dice el presidente de la entidad, Julio César de la Rosa Tiburcio.
Con el archivo de este expediente del congresista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el nuevo gobierno de Medina podría tener allanado el camino para no mostrar interés en perseguir al dirigente político.
En cuanto a la Cámara de Cuentas, todavía no presenta el informe definitivo sobre las acciones de la OISOE del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.
“Se hizo el primer borrador y ya se está en el proceso de emisión de un informe definitivo. Está en una de las fases, no te puedo dar tiempo porque eso nunca uno sabe el tiempo que se puede demorar”, comenta a La Lupa Sin Trabas la presidenta del órgano de control, Licelot Marte de Barrios.
No identifica los pasos pendientes y admite que ya se cumplió con el requisito de obtener la réplica del ente auditado. “Claro, en su oportunidad ellos replicaron, hace mucho tiempo”, responde.
Castillo y Marte de Barrios fueron entrevistados luego de un acto en el que la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) concluía un programa de asesoría y capacitación para la transparencia en la administración pública y celebraba los avances del país en esta materia.
Lo curioso es que la DPCA conoce el informe definitivo de la Cámara de Cuentas y apunta a que los resultados favorecen a Bautista. “En general el informe final de la auditoría de la Cámara de Cuentas de fecha 12 de octubre de 2010 es totalmente diferente al borrador”, dice DPCA, en el auto de archivo de la investigación a Bautista.
“En el borrador de auditoría se planteaban modificaciones a contratos que excedían el máximo permitido por la ley 340-06; en la auditoría definitiva por las pruebas aportadas esa observación no existe”, sostiene.
“En la construcción del Palacio de Bellas Artes el borrador de auditoría planteaba un incremento del presupuesto de más de 840 millones de pesos; en la auditoría definitiva por las pruebas la propia Cámara de Cuentas establece que ´los costos de estas obras aumentaron, significativamente, en relación a los presuntos originales, debido a que se generaron adicionales en la colocación de pilotes, inyección de hormigón hidráulico, aumento de volumen de algunas partidas y los equipos de audio y vídeo`”, agrega la DPCA.
Sin embargo, no menciona que la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Obras y Servicios para el Estado, prohíbe que estas enmiendas al presupuesto de las obras se hagan por la vía administrativa cuando sobrepasan el 25% del monto original. En la citada remodelación, el monto pasó de RD$761,085,986 a RD$1,601,791,103, para un incremento de 110%; además de que “se comprobó filtraciones en el área del techo y grietas en el hormigón hidráulico de los parqueos en varios puntos”.
Félix Ramón Bautista Rosario, criado en condiciones de precariedad, colaborador cercano de Fernández, miembro del Comité Central del PLD y secretario de organización de esa fuerza política, es un hombre que en 14 años incrementó su patrimonio neto en más de RD$15 millones, a juzgar por sus declaraciones juradas de bienes en 1996 y 2010. En la última, que hizo como senador, ya se presenta con mayoría de acciones en las constructoras Rofi, Rofi-Panamá, Inmobiliaria Hemisferco Panamá y Constructora Hadom-Haití.
En 1996, Bautista declaró RD$547 mil y hace dos años reportaba activos netos por RD$16,100,000, aunque este monto resultaría todavía insignificante, si se contabilizaran las propiedades que le atribuyen quienes lo acusan.
Ya Bautista había salido airoso de una denuncia judicial que lo involucraba, junto a su líder político, el entonces presidente Fernández, en la presunta concertación irregular de una línea de crédito de US$130 millones a través de la firma The Sun Land. En la ocasión, la Suprema Corte de Justicia, bajo la presidencia de Jorge Subero Isa, desestimó el caso, por restar calidad de querellante al opositor PRD y al Foro Social Alternativo, con el alegato de que no calificaban como parte afectada. Al convenio se le objetó su condición de deuda sin pasar antes por el Congreso Nacional y además se cuestionó la inversión de los recursos en las obras para las que se concibió.
También resultó absuelto Bautista –aunque llegó a padecer cárcel– de la supuesta sobrevaluación en RD$50 millones en la reconstrucción de la carretera San Juan-Vallejuelo, de 30 kilómetros, durante la primera gestión de Fernández (1996-2000), cuando ocupó la OISOE por primera vez.
Múltiples irregularidades. La auditoría de la Cámara de Cuentas, de cuyo informe preliminar este medio obtuvo copia, encontró que durante la gestión de Félix Bautista la OISOE sobrevaluó el renglón mobiliarios y equipos por RD$32 millones.
En la contratación de obras, se sobrepasó RD$29,091 millones, con respecto al presupuesto que le asignó el Estado en 2008 y modificó los presupuestos de obras ya aprobadas por un monto adicional de RD$6,524 millones.
Además, gastó en publicidad y propaganda RD$51.3 millones por encima de lo aprobado y se excedió con RD$649,802 en el gasto asignado para combustibles.
También pagó RD$39 millones en sueldos a 13 mil 114 jornaleros de RD$3,000 cada uno “para programas de mantenimiento de carreteras y caminos vecinales a nivel nacional”, aunque las personas convocadas para la comprobación de esos trabajos, “nunca se presentaron a la entrevista”.
“Las reiteradas inobservancias por la institución, de las disposiciones legales relacionadas con las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras y el Código Tributario conllevan a la ilegalidad, a la incredibilidad y desconfianza en los procesos de compras y contrataciones” concluyen los auditores.
Sometimiento a la Justicia. Las leyes infringidas, según la auditoría, son la 340-06, la Orgánica del Presupuesto para el Sector Público (423-06), la de Función Pública (41-08), la del Código Tributario (11-92), la de Seguros y Fianzas (146-02), la de Trabajo Realizado y no Pagado, Pagado y no Realizado (3143), la de Rectificación Financiera (495-06), además del Manual de Contabilidad Gubernamental de la Contraloría General de la República y otras normas.
La Ley de Presupuesto, en su artículo 80, determina que “las faltas e infracciones que rebasen el ámbito de lo administrativo cometidas por los funcionarios involucrados en el ciclo presupuestario en el ejercicio de sus funciones serán tipificadas, juzgadas y sancionadas de conformidad con el derecho común y leyes especiales sobre las materias”.
La Ley 340-06 fija entre las sanciones de tercer grado el sometimiento a la Justicia y esto implica apelar a los artículos del Código Penal.
Irregularidades
La Cámara de Cuentas cuestionó la supuesta sobrevaluación de la construcción del parqueo de Bellas Artes. (Foto: Orlando Ramos)
La auditoría de la Cámara de Cuentas documenta que Félix Bautista manejaba OISOE como un negocio particular:
• No dispone de un sistema de contabilidad patrimonial eficiente.
• No prepara estados financieros con oportunidad.
• Los vehículos de la entidad no están debidamente rotulados.
• Los expedientes del personal están incompletos en su mayoría; algunos no tienen copias de cédulas ni actas de no delincuencia.
• Se detectó una diferencia de RD$9,943,946.75 entre los montos presentados en el estado de ingresos y egresos, ascendentes a RD$12,522,490,619.90, y los montos reflejados en los estados financieros de 2008, RD$12,512,546,673.15.
• Las autoridades de la OISOE realizaron transferencias bancarias de cuenta a cuenta por montos de RD$622,726,000.00 y RD$16,600,000.00 para cubrir gastos operacionales de la institución; estas operaciones se efectúan de la cuenta de gastos a la cuenta de obras y de la cuenta de obras a la de gastos, respectivamente.
• La Yipeta Toyota Land Cruiser 99, placa GO21198, adquirida el 5 de abril de 2008 por RD$1,190,000, seguía, nueve años después, a nombre del suplidor, el Centro de Representaciones, S.A.
• Ocho vehículos adquiridos por OISOE; dos yipetas, cuatro camionetas y dos motocicletas, no se encontraban físicamente en la institución.
• Una Nissan Frontier 2006 estaba asignada al entonces secretario de la Juventud, Franklin Rodríguez; dos yipetas Ford Explorer de 2002 a la escolta del ex vicepresidente Rafael Alburquerque y una camioneta Mitsubishi 2000 en poder de Abraham Mejía, vicecónsul en Milan, Italia.
Denuncia del PRD
En el recurso que depositó en la DPCA, y que fue archivado, el PRD presenta una serie de casos que traspasan el período 2008, entre ellos:
• El crédito de US$130 millones con The Sun Land.
• Supuesta contratación grado a grado de obras en Haití a empresas vinculadas a Félix Bautista por US$293 millones.
• Una alegada colaboración de US$200 mil de parte de Bautista y asociados a la campaña del ex presidente peruano Alejandro Toledo.
• La compra del avión N18YY por US$22.9 millones, a través de un supuesto testaferro de Bautista.
• La asignación de obras grado a grado a Mery Peláez, condenada por su participación en la red de narcotráfico que dirigía el capo puertorriqueño José David Figueroa Agosto.
• Contrato grado a grado a supuestos socios de Bautista a través del Consorcio Tecnológico de la Construcción de un centro tecnológico y 2,500 viviendas económicas en San Juan por RD$1,607.4 millones.
• Contrato grado a grado a la Constructora Mar S. A. de presuntos vinculados a Bautista para el remozamiento de un estadio olímpico en San Juan de la Maguana por RD$15.2 millones.
• Contrato grado a grado de RD$123.8 millones a la Constructora Mar, por remodelación del arco de triunfo de San Juan.
• Contratos grado a grado por RD$520.5 millones a la constructora Infepre, de supuestos socios de Bautista, para terminar salones multiusos en la capital y varios pueblos.
• Otorgamiento de contratos por RD$18 mil millones al Consorcio Tecnológico de la Construcción para hacer y reparar carreteras, calles, aceras y contenes en varias provincias.