Regidores Villa González, son políticas acusaciones en contra del consejo.

Por: Enmanuel Mera. 

Regidores Villa González, son políticas acusaciones en contra del consejo. La carta de no objeción para uso de suelo, dada a la ODH, fue emitida apegada a la ley y en cumplimiento de nuestras funciones


Los regidores de Villa González calificaron como políticas las protestas encabezadas por el alcalde y el cura párroco del municipio, en las que se le acusa a todo los miembros del consejo de haber otorgado de manera ilícita una carta de no objeción para la operación de una Planta Operadora de Desechos Hospitalarios en la geografía municipal. Indicaron que con las marchas, vigilias y demás manifestaciones realizadas en los últimos días han querido manipular a los munícipes, distorsionado las informaciones con relación al otorgamiento de permisos para uso de suelo a terceros. En ese sentido el regidor por el Partido Revolucionario Dominicano, José Rodríguez manifestó que el alcalde siempre ha tenido conocimiento de la existencia del proyecto y que fue el propio sindico que lo remitió al consejo. “Donde primero llego el proyecto fue a la oficina del sindico y el no los envió, el sabia del proyecto y ahora quiere decir que no”, indico Rodríguez. El regidor perredista señaló que sindicatura cobro los impuestos para la construcción y posterior operación de la Operadora de Desechos Hospitalarios. “El sindico sabia y ahora nos acusa a los regidores”, sostuvo el concejal. Según los regidores, de lo que se trata es de un campaña de descredito con intensiones políticas; orquestada desde la sindicatura y apoyada por estamentos de la iglesia católica en el municipio, con el objetivo de manchar la honorabilidad de cada uno de los integrantes del consejo edilicio. Antonio Santa, representante y asesor legal de los regidores, señaló que hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba que demuestre que los ediles hayan incurrido en una ilegalidad en el ejercicio de sus funciones. “Han nombrando por sus nombres, acusado de prevaricación, han utilizado las tribunas”, aseguró el abogado. Santana sostuvo que en su afán destruir la moralidad y la honradez de los concejales, se han valido de instituciones de la sociedad civil; manipuladas por la desinformación. “Han utilizado el pulpito, es increíble hasta el pulpito”, indico el asesor legal de los regidores en alusión la participación de cura párroco del municipio en las protestas y manifestaciones. La Carta de No Objeción. Con relación a la carta de no objeción para uso de suelo entregada por el consejo a la Operadora de Desechos Hospitalarios; los regidores indicaron que esta fue emitida en cumplimiento con lo establecido en la ley. Así lo expresó el presidente de la Sala Capitular Gilberto Álvarez, quien aseguró que la aprobación de la carta se realizo apegada a los principios de legalidad dispuesto en la ley 176-07, en cumplimiento con la prerrogativas que la ley les confiere como legisladores del gobierno local. Con relación a la posibilidad de revocar la carta para que no se instale la planta, como lo han pedido los munícipes, el regidor perredista José Rodríguez señaló que la ley es clara en cuanto a la forma y el tiempo en que debe solicitarse la nulidad de permiso. “El articulo 137 y 138 de la ley 176-07 establece un plazo de un mes para la presentación del recurso de reconsideración”, indico Rodríguez. ODH. La Operadora de Desechos Hospitalarios ha dicho que manejará 6 toneladas diarias y 120 al mes de ese tipo de desecho de los centros de salud públicos y privados de Santiago y el Cibao; al tiempo que ofrecido garantías de que los niveles de seguridad ambiental y mecanismos tecnológicos que aplican reducen todo tipo de riesgos. La instalación de la empresa tendrá una inversión de RD$160 millones, generará 80 empleos en el proceso de construcción y 35 fijos en el proceso de manejo de los desechos. Oposición. El abogado y represente legal del movimiento de lucha con la instalación de la Operadora de Desechos Hospitalarios, Marcelo Francisco ha solicitado a la defensora del pueblo el inicio de una investigación de la empresa como de los regidores , para así iniciar en la cámara de diputados un juicio político, para que los regidores sean destituidos.