SD. La campaña de grupos haitianos en contra de República Dominicana por la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece criterios sobre la nacionalidad, no se detiene. Ahora se sumó un denominado "Colectivo 4 de Diciembre" que hizo un llamado a diferentes sectores de Haití y al gobierno de la vecina nación a boicotear el comercio dominicano en suelo haitiano.
Esta estrategia se une a la petición de la presidenta de la Comunidad del Caribe (Caricom), Kamla Persad Bissessar, quien solicitó al presidente Danilo Medina no aplicar la sentencia del TC.
El boicot es "con el fin de impulsar al Estado dominicano a reconsiderar la polémica sentencia del 23 de septiembre", de acuerdo a una información publicada por el periódico haitiano Le Nouvelliste.
El ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jean- Robert Argand, coordinador del grupo, explica que el comercio es la mejor área donde los haitianos podrían perjudicar los intereses de República Dominicana.
El "Colectivo 4 de Diciembre" solicita al gobierno haitiano "tomar todas las medidas para hacer cumplir los derechos de nuestros ciudadanos más allá de nuestras fronteras, así como en el interior". También fortalecer el control aduanero, ayudar y guiar a "nuestros importadores haitianos en la identificación urgente de intercambio alternativo con los países vecinos que no sean la República Dominicana", dice la publicación de Le Nouvelliste.
El citado colectivo compara la decisión del TC con la masacre de los inmigrantes haitianos de 1937, durante la dictadura de Rafael L. Trujillo.
Gerard Gourgue, presidente honorífico del "Colectivo 4 de Diciembre", dijo apoyar el enfoque iniciado por la nueva entidad. Después de haber vivido, cuando era niño la masacre de 1937, el ex candidato presidencial reconoce los importantes cambios que existen en las relaciones entre los dos países. "Si bien el gobierno de Haití ha gestionado la crisis desde un punto de vista diplomático, este no es el caso de su gestión interna", reconoció Gourgue.
El contexto
"Mediante la retrógrada sentencia TC/0168/13 de fecha 23 de septiembre 2013, que atenta en contra de los derechos de los ciudadanos y socava la victoria de las luchas sin fin de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas desde 1948 - la Corte Constitucional de la República Dominicana niega la nacionalidad dominicana a varias generaciones de inmigrantes y sus descendientes, establecidos en el país desde el 21 de junio 1929", dijo el "Colectivo 04 de diciembre", en una nota publicada con motivo de su presentación.
"Comité Memoria 1937" está preocupado por sentencia TC
En un documento fechado en Puerto Príncipe, de fecha 23 de diciembre, el "Comité Memoria 1937" llamó a las autoridades políticas dominicanas a tomar en consideración las trágicas consecuencias que el dictamen del TC podría traer sobre "las condiciones de existencia de ciudadanos leales con las leyes de su país y, que por otra parte, han contribuido ampliamente al desarrollo de la economía dominicana".
De igual manera, expresó su apoyo "sin ninguna reserva" a las peticiones y acciones del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas que reúne varias personalidades y organizaciones de la sociedad civil dominicana luchando por el respeto de los derechos de sus conciudadanos.
La declaración del "Comité Memoria 1937" está firmado por ocho personalidades haitianas, entre las que se encuentran Guy Alexandre, Suzy Castor, Colette Lespinasse, Edwin Paraison, Sabine Manigat, entre otras.
Al expresar su más alta preocupación, el Comité exhortó al Ejecutivo haitiano "a ser vigilante, a fines de no caer en la trampa de transformar en un diálogo bilateral un asunto de orden internacional, y así dejarse mover hacia la firma de un acuerdo en detrimento de la población haitiana, en especial de sus capas más vulnerables , expuestas a toda especie de trabas administrativas y abusos en territorio dominicano".
Solicitó al Estado haitiano asistir a sus connacionales en los trámites para la obtención de documentos de identidad y otros requeridos por el gobierno dominicano para regularizar su condición de migrantes.
