Buenos Aires, 14 ago (PL) El expresidente argentino Fernando de la Rúa es juzgado desde hoy por el presunto pago de sobornos a senadores de la nación para lograr la aprobación de la ley de reforma laboral en el año 2000.Alrededor de 340 testigos comparecerán, o enviarán su testimonio por escrito, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3, de esta capital, donde transcurrirán las audiencias, que podrían extenderse de seis a ocho meses.
En la causa, caratulada como "Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho", figuran como imputados De la Rúa, Fernando Jorge de Santibañes, Mario Alberto Flamarique, Alberto Máximo Tell, Augusto José María Alasino, Remo José Constanzo, Ricardo Alberto Branda y Mario Luis Pontaquarto.
Todos -indicó el Centro de Información Judicial- están acusados por el delito de cohecho.
La propia fuente precisó que en el caso de Emilio Marcelo Cantarero el proceso se encuentra suspendido por cuestiones de salud del imputado.
En la audiencia inicial, que transcurrirá hoy y se estima durará alrededor de seis horas, serán leídos los requerimientos de elevación de la fiscalía, los querellantes y finalmente del juez federal Daniel Rafecas, quien instruyó la causa en su tramo final.
Después se pasará a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, cuando darán comienzo las declaraciones indagatorias de los acusados.
Según la instrucción de la causa, De La Rúa -quien asumió la Presidencia el 10 diciembre de 1999 en representación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación - avaló el pago de sobornos millonarios a senadores opositores con tal de lograr la sanción de la ley de reforma laboral.
El escándalo estalló a raíz de un anónimo que circuló en el Congreso y el cual se cree fue confirmado por Cantarero y ratificado ante la justicia por el ex secretario parlamentario Pontaquarto.
De la Rúa, cuya imagen huyendo de la Casa Rosada en helicóptero ante el estallido social de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 quedó grabada en la memoria de los argentinos, será el primer exmandatario juzgado en el país por cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos.
Inicialmente, el juicio estaba previsto para iniciarse en noviembre del pasado año, pero se suspendió por una cuestión procesal vinculada a la defensa de Pontaquarto.
